El amigo Don Eduardo Bertotti, del Instituto de Seguridad Vial de Argentina, escribió recientemente una importante reflexión, muy bien conceptualizada y comprobada, en torno al éxito experimentado en su país del plan de seguridad vial que allí se está llevando a cabo.

En resumen, él repetía algo que otras veces ha expresado ante conclaves y  sobretodo en su revista digital.

Y no era más que practicar las recomendaciones que hacen constantemente las naciones de mayores experiencias en el tema, en especial en la Península Ibérica, sin excluir a Portugal.

Los Congresos globales y regionales celebrados cada año,  terminan haciendo los mismos comentarios.

Pues, sencillamente logran éxitos en Seguridad Vial los países donde se establecen liderazgos institucionales, número uno.

Y número dos, cuando se les entregan recursos para desarrollar sus planes en término de política de Estado.

Si esas son las claves, ¿Por qué los intereses particulares pueden más que las graves consecuencias para la sociedad al no ejecutar o postergar la ejecución de un plan de seguridad vial estratégico?

Lo cierto es que el desorden en el tránsito vehicular solo trae como resultado dos cosas fundamentales, con secuelas funestas: víctimas y pérdidas en las economías de las naciones.

Ahora bien, el motor o factor catalizador para lograr llegar al punto de conciencia en la lucha contra la barbarie que representa la violencia vial es cuando el gobierno alcanza el máximo interés político e integra a la sociedad al proceso.

Los países de mayores avances realizan un gran esfuerzo por compartir sus buenas prácticas con los más atrasados.

En República Dominicana no existe una institución u organismo exclusivo con autoridad para diseñar y ejecutar un plan integral nacional de seguridad vial, sin que vulnere en autoridad a una o a varias instituciones oficiales del mismo sector.

Esto es debido a la multiplicidad de funciones que tienen oficinas del sector tránsito y transporte, tanto como la variedad de problemas que encontramos en las calles, derivados de sus usuarios.

La lucha de las diferentes entidades por protagonismo, evidencia la falta de iniciativas por el bienestar colectivo, impidiendo éxitos en las medidas tomadas.

Un órgano rector de la Seguridad Vial es indispensable para dirigir las políticas públicas del Estado en ese respecto obedeciendo a un proceso de integración de una gran diversidad de actores sociales.

Un órgano competente con autonomía, autoridad, liderazgo y presupuesto, son los requerimientos de más peso específico.

¿Una Superintendencia de Seguridad Vial satisfaría esas expectativas?, solo y únicamente solo si  opera sin desviar su atención a otros asuntos al definirse claramente  su competencia.

El país requiere de técnicos capaces y eficaces en el sector, con criterio técnico sobre lo político partidario.

Esta es otra disyuntiva porque se trata de un asunto complejo que abarca psicólogos, educadores, ingenieros de tráfico y de proyectos, accidentólogos; especialistas en estadísticas, en comunicación, en publicidad, en informática, en administración, en relaciones internacionales; juristas, relacionadores públicos, en protocolo, etc.; además, de un Consejo Directivo multisectorial, sensible y comprometido. Que haga participar en sus programas a todos los sectores sociales de la vida nacional dominicana.