No hay dudas que la Seguridad Vial debiera  ser un tema básico en las agendas de los gobiernos.

Existen razones más que suficientes para que se considere como tal por los estragos que causa en las sociedades organizadas la violencia en las calles y carreteras.

Los indicadores que escasamente procesamos en la República Dominicana son insuficientes, con la calidad y cantidad de las informaciones requeridas, lo cual se traduce en una debilidad institucional que tenemos que superar.

Sin embargo, los análisis globales y regionales revelan el alto riesgo que existe en el tránsito y el transporte terrestre para la sobrevivencia de los usuarios de las vías y las economías de las naciones.

Si bien factores humanos constituyen los riesgos principales, de acuerdo a las estadísticas, no menos cierto es que habría que revisar y trabajar también, en lo que concierne a la infraestructura viaria, al medio ambiente y en lo referente a los vehículos de motor.

El hecho de identificar numerosos puntos críticos en nuestra red vial es un indicador determinante para ponerle atención especial mediante auditorías de seguridad.

Pero así mismo, valientes decisiones habría que tomar para normar en cuanto a las condiciones de los vehículos, que es la segunda causa de riesgo en los siniestros de tránsito.

Cerca de las dos mil víctimas fatales se registran anualmente en el territorio nacional, y ronda en igual cantidad los lesionados por la misma causa. No contamos con un mecanismo para evaluar las condiciones en que quedan los afectados del entorno de esas víctimas  ni de seguimiento a los afectados por traumatismos antes de los 30 días, resultando el país  institucionalmente débil.

La carencia de un Observatorio de datos, de un plan integral estratégico de seguridad vial, aun más peligroso, la no existencia de una institución líder del sector que ejecute dichos planes, evidencia el estado de inconciencia de nuestra sociedad.

Hablamos en estos términos, porque preservar la vida de los ciudadanos, su salud y sus bienes es una prerrogativa de los derechos humanos, aunque también, garantizar el libre transito de las personas, su educación y la equidad social se contemplan en los logros de la civilización.

Miles de familias se empobrecen por los siniestros de tránsito. Los gases de invernaderos y los ruidos desproporcionados por la circulación inapropiada de vehículos intervienen negativamente en la calidad de vida. Si analizamos las grandes pérdidas ocasionadas por los múltiples factores que obligan  la implementación de un buen plan estratégico, nos daríamos cuenta de las enormes ventajes de ahorros en el presupuesto nacional.

El costo anual de la inseguridad vial nacional se estima que representa alrededor del 15% del presupuesto y ley de gastos públicos en la actualidad.

Por cada 9 habitantes en República Dominicana hay una motocicleta, que transita sin respetar normas ni reglamentos. Lo que trae como consecuencia cerca del 70% de las fatalidades en las vías.

Desde el punto de vista global de nuestro campo vehicular, por cada 4 habitantes existe un vehículo de motor. Pero determinantemente, los mayores afectados en siniestralidad son los usuarios de motocicletas y los peatones.

No hay una política de educación vial. Tampoco, control del crecimiento del parque motorizado de dos ruedas.

Sin vislumbrarse solución por lo pronto, ¿hacia dónde caminamos con esa tasa de siniestralidad creciente?