Me referiré a todos los gobiernos en lo que tengo uso de razón, y sobre todo a las instituciones que de una u otra manera tienen que ver con la seguridad del ciudadano en las vías.

Existen leyes y normativas que rigen el uso de las vías públicas. También existen infinidades de organismos, cuyas funciones se solapan dando la impresión que en República Dominicana se vive en un estado salvaje y sin regulaciones.

Nos acostumbramos a contar los muertos y los heridos en accidentes de tránsito y dentro de esa rutina noticiosa convivimos con las calamidades que eso conlleva hasta que nos parece ser normal, e inmutables ante los hechos continuamos nuestras vidas sin tomar medidas.

Pese a que se producen iniciativas aisladas desde algunos sectores sociales o estatales, no solo que resulta  insuficiente sino que da la impresión que es una chispa por protagonismo individual que no responde a un interés colectivo de la sociedad, desvaneciéndose en poco tiempo sin apoyo alguno.

Es que mientras la prioridad de las instituciones públicas y privadas como de la sociedad civil, estén circunscritas en la varilla y el cemento, o en el hormigón asfáltico, en esas grandes obras que perpetúan a las personas  y/o los partidos en el paso por el poder, inevitablemente será postergado el tema de la violencia vial, el cual ya debe ir de la mano con lo susodicho.

Es necesario que los agentes activos que toman decisiones en los gobiernos, se detengan un minuto y se involucren con las estadísticas de siniestralidades causadas por el tránsito vehicular. Conozcan además, que  se esta haciendo en otros países con cierto grado de conciencia en tal sentido, al mismo modo de insertarse el país en el concierto de acciones globales que se están llevando a cabo.

Las obras de infraestructura se construyen y se inauguran, generalmente en presencia del Mandatario de la Nación. Los programas y proyectos que se ejecutan tendentes a reducir los accidentes y las víctimas en las calles, avenidas y carreteras parecen intangibles. Sus resultados se visualizan después de cierto plazo, si es bajo el criterio de integralidad  y esfuerzo concentrado de diversos sectores respondiendo a una iniciativa de Estado.

Sin embargo, debiera verse como se conciben  los planes de educación de los pueblos, de hecho, de lo que se trata es de educar a los usuarios de las vías públicas para convertirlos en una nueva generación que respete la vida humana y su entorno; le tema a las leyes y al rigor de la justicia; conozca las normas y sea prudente. Para lo cual hay que tener visión de futuro.

Lo anterior, nos sitúa en un ambiente utópico, sencillamente porque todavía  no ha sido evaluado en toda su magnitud partiendo de una voluntad eminentemente política. A partir de entonces, se expondrán también ante la Asamblea Legislativa y ante el país, los beneficios en los números y porcentajes de vidas salvadas en las carreteras, como se exponen los planes, logros y expectativas de las gestiones gubernamentales.

La incidencia de la Seguridad Vial en tantos campos del desenvolvimiento humano y en el nuevo compromiso de desarrollo de la  sociedad a que aspiramos es crítica, cada día más sensitiva y preocupante.