La Emisión de la Revista, lo que  debiera ser la Inspección Técnica Vehicular y Permiso de Circulación en las vías publicas o vías privadas con acceso al público, constituye una preocupación nacional; cuya solución tendrá que tratarse en algún momento como tema de Estado en la República Dominicana.

Esto es así, ya que varios factores inciden a mantenerse el estatus quo que afectan las iniciativas del Presidente Fernández por transparentar la administración pública, modernizarla y preservar la vida de los usuarios de las vías, la economía, la salud y el medio ambiente.

No es posible que en pleno siglo XXI el Permiso de Circulación mediante un marbete para que los vehículos de motor transiten en nuestras calles y carreteras se adquiera como postalita en cualquier sitio de la ciudad y en los campos, sin ningún rigor ni control.

La certificación que se otorga  a un vehículo motorizado debe cumplir con un proceso  técnico, hoy día, computarizado y fiscalizado, con una red informática confiable.

El chequeo de los vehículos en una serie de datos observados en lugares adecuados da la garantía de que tendremos mejoría en la seguridad vial.

Cumplir con las condiciones de circulación, tendremos una monitorización más eficaz  en nuestra red viaria.

Los organismos de república Dominicana responsables de emitir este documento de circulación crean cada año un mercado de más de un millón de usuarios, sin contar con las motocicletas, que aun no se le impone la revisión. Sin embargo, solo se contratan 500 mil revistas o marbetes, lo cual genera una demanda inducida que el Estado no es capaz de satisfacer, entre múltiples razones, no cuenta con los canales de comercialización ni las facilidades apropiadas.

Consecuentemente, abre la posibilidad de producir una brecha para la corrupción en dos vertientes fundamentales: El Mercado Negro con documentos auténticos y un Mercado de Documentos Falsificados.

Las redes mafiosas coexisten a diversos niveles de la administración, formándose estructuras dentro y fuera de la misma, operando con tanta normalidad ante los ojos de las autoridades.

Pero, ¿Cuánto representa económicamente al Estado mantener esta situación? En primer lugar, habría que despejar este cuestionamiento en varias partes, de forma directa en lo que se refiere a la comercialización; pues, el nicho expuesto a la corrupción es superior a los RD$300 Millones de pesos al año, sin abordar los costos por daños a la vida y a las propiedades con los accidentes provocados al autorizar el Estado el tránsito de vehículos que no cumplen con las condiciones.

Existe también un costo político, francamente perceptible por la población, con el mantenimiento del desorden, la falta de fiscalización y la falta de transparencia en el manejo de las cosas públicas.

La Autoridad Metropolitana del Transporte –AMET- es el órgano fiscalizador del tránsito y los conductores, periódicamente realiza coerción en ese sentido a los conductores que no portan el documento, que a su vez produce crecimiento en la demanda del marbete. Situación que encarece el producto.

Pero en su origen,  el problema es ocasionado al no haber una política concesionaria para dar al traste con la irregularidad, ya bien identificada en sus causas y sus efectos en muchos países.

Las naciones europeas son rigurosas en tal sentido, tanto que la Organización de las Naciones  Unidas tiene organismos técnicos para debatir el tema. Los países de Latino América y el Caribe  en sus cumbres empiezan a reclamar especial atención y universalidad en este aspecto.

Entender este fenómeno es importante para las autoridades, ya que existen compromisos internacionales fundamentales para el desarrollo de la sociedad dominicana.