Los españoles del siglo XXI procuran establecer un nuevo orden institucional entre los países denominados iberoamericanos, pero lo hacen en el mejor sentido de la palabra, pues, en esta ocasión de lo que se trata es de transferir sus experiencias de aplicación de buenas prácticas de políticas públicas en materia de seguridad vial con la intención de preservar la vida de los usuarios de las vías públicas en América.
Ha sido reconfortante compartir criterios en ese orden con los representantes de las diversas naciones de habla hispana bajo la orientación, dirección y patrocinio del Reino Español a través de la Dirección General de Tránsito.
Saber que se ha llevado con grandes esfuerzos en tiempo y recursos, la idea de conformación de una asociación iberoamericana de seguridad vial a los mas altos organismos dirigenciales de la vida económica, política y social de la región constituye un aliento de bienestar en la lucha por la reducción de la violencia o siniestralidades de transito.
Expertos de toda Latinoamérica y el caribe se reúnen frecuentemente para discutir y mantener ciertas informaciones en vigencia para interesar a sus gobiernos en el tema.

Ciertamente, la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno a celebrarse a finales de este mes de octubre, representa el inicio de una nueva etapa de conquista de América por los españoles.
La Secretaria General Iberoamericana será la responsable de dirigir los trabajos para la elaboración del plan regional para la seguridad vial, que sin lugar a dudas será también la piedra angular para considerar el tema en la agenda de los estados miembros en lo adelante.
España, con la persuasión de la palabra y el consenso, ha podido concitar importancia capital en la mayoría de las autoridades del nuevo mundo. Sin embargo, hay que reconocer que ha sido producto de un proceso de años que aun no concluye.
Establecer parámetros comunes, de principio e institucionales, entre los países de la región, es una meta trazada por los precursores de la idea.
Disminuir las estadísticas de tragedia en las calles, avenidas y carreteras basados actuaciones viables y convincentes; en la imposición de medidas drásticas, que incluya la educación formal y la exigencia del respeto a las leyes de tráfico, son objetivos claros que asumimos todos aquellos con cierto grado de responsabilidad en la toma de decisión gubernamental.

Las muertes y los heridos productos de las siniestralidades viales en tan alto índice, son de enorme preocupación por los efectos que dejan sus secuelas en la sociedad y en particular en las familias tocadas directamente.