En medio de las reformas al sector de la salud en Colombia, prevalen subsistemas de salud, que amparan privilegios a grupos minoritarios de la población (como los docentes), que no representan vulnerabilidades o riesgos mayores, y que en cambio, amplían la brecha de inequidad social. Aquí encontrará el detalle de los compromisos del gobierno y los alcances de los privilegios del magisterio en Colombia.
Mientras el resto del país, se rasga las vestiduras por el altísimo costo de las ineficiencias sectoriales, y se discute sin descanso sobre las propuestas de los diferentes actores, gremios y del propio gobierno, incluyendo la cada vez más consolidada voz de la autodenominada "Mesa Intersectorial por el Derecho a la Salud", quienes han declarado el colapso de salud en toda Colombia, interpretado todas las decisiones gubernamentales como Pro-EPS, condenado la intermediación financiera, calculado la cartera en 5,6 billones (una diferencia de más de 4 billones sobre lo expresado por el Ministro de la Protección Social en su última alocución), y propuesto que: se suspenda el mecanismo de compensación de la UPC con las EPS, se gire directamente a los prestadores, se embargue a las EPS, se usen los TES para cancelar las obligaciones y se inyecte dinero adicional a las IPS para que vinculen laboralmente a sus trabajadores.
Si, mientras todo esto pasa, el gremio de los maestros colombianos logra que los Ministros de Educación, Protección y Hacienda se arrodillen mansamente y además hagan público este honorable gesto en el diario de mayor circulación nacional, el día de hoy (El Tiempo, Martes 30 de agosto, Pag 7).
Pero de que se trata exactamente esto?
Bajo el argumento del próximo vencimiento de los contratos entre el Fondo de Prestaciones del Magisterio y las IPS que prestan el servicio de salud a los educadores colombianos y sus familias, estos tres eximios representantes del más alto gobierno del Presidente Santos (sobre decir que en la más pulpa y frondosa época pre-electoral), no ahorran epítetos y calificativos afectuosos frente a este poderoso sector nacional, y se comprometen a respetar el intocable régimen excepcional que los asegura, pero además ofrecen "garantías" para NO INCLUIR a estos privilegiados colombianos al régimen general de salud contemplado en la ley 100... Suena escalofriante cierto?
Sin ningún tipo de timidez, este trío de ministros aclara que preservará intactos beneficios que parecen de otro país, y que claro... todos deseamos, pero no entiendo cómo, ni porque, solo unos pocos poseen:
1. Exoneración del pago de bonos, cuotas moderadoras y copagos.
2. Atención medica de todo tipo de patologías sin restricción alguna desde el primer día como afiliado.
3. Entrega de medicamentos sin límite de precios y cantidad, siempre y cuando estén aprobados por el Invima.
4. Atención al docente y sus beneficiarios: cónyuge, hijos, nietos los primeros 30 días y padres.
5. Atención de enfermedades de alto costo o catastróficas como cáncer, VIH-SIDA, insuficiencia renal crónica o aguda, patologías cardiovasculares, neurológicas y trasplantes, sin la exigencia de periodos mínimos de cotización o preexistencias.
Sí. Mientras millones de ciudadanos asegurados en el Sistema General de Seguridad Social en Salud prácticamente mendigan una consulta, o un medicamento no incluido en el Plan de Beneficios, el gobierno sostiene acuerdos y pacta beneficios para un grupo poblacional, que no implica (estadísticamente hablando) ningún riesgo especial, para hacerse acreedor a una tratamiento diferencial de esta magnitud y duración, y a unas coberturas dignas de una nación desarrollada, boyante y sin ningún tipo de restricciones económicas ni sociales.
Consultorsalud no tiene nada en contra del Magisterio, pero claramente encuentra una discrepancia entre las grandes luchas sociales que buscan protecciones adecuadas y equitativas entre y para TODOS los Colombianos, para que podamos efectivamente desarrollar un Sistema (uno solo) de Protección Social Integral, y decisiones gubernamentales tan inclinadas a sostener privilegios en medio de gigantescas y evidentes necesidades de las grandes mayorías.
Debería Colombia en cambio, propugnar por un escenario incluyente, en donde todos los usuarios del sistema de salud se sientan igualmente representados y protegidos, en donde el Plan de Beneficios sea suficiente y costeable, los actores del sector salud tengan y cumplan un papel bien definido cuyo propósito común sea sostener la vida y la salud, mientras se perfilan nuevos escenarios de bienestar y desarrollo.
Cuando se plantean estos debates en los diferentes escenarios nacionales, es notable el desconocimiento de estas diferencias, y frente a la identificación de esta realidad, se expresan dos posturas: la primera que claramente no es posible con el trío de ministros actuales: desmontar esos privilegios, y la segunda, que entonces todos los colombianos tengamos esos mismos derechos.
Voto por esa última papeleta.
