La responsabilidad social empresarial (RSE), puede definirse como la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva y valorativa y su valor añadido. En términos más simples, la empresa toma en cuenta necesidades sociales que no necesariamente forman parte de su “core bussiness”, su núcleo de negocios, y contribuye a ellas en aras de un beneficio para la sociedad dentro de la cual se halla inserta. Asimismo, reconoce valores que, aunque prima facie presupongan un aumento de los costos, son necesarios para la vida en común. Así tenemos líneas de ropa que verifican el cumplimiento estricto de las normas laborales y de seguridad social por parte de los talleres textiles con los cuales contratan, considerando que el público preferirá adquirir sus productos antes que optar por lugares más económicos pero donde la explotación es moneda corriente. También, tenemos consultoras empresariales de altísimo nivel, que patrocinan y sostienen fundaciones de ayuda a la niñez, a la persona por nacer, etc. Ni que hablar, por ejemplo, de instituciones bancarias y financieras que considerar requisito sine quae non para el otorgamiento de créditos, que sus clientes acrediten algún tipo de función social o solidaria dentro de su empresa. Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la responsabilidad social de la empresa es el conjunto de acciones que toman en consideración las empresas para que sus actividades tengan repercusiones positivas sobre la sociedad y que afirman los principios y valores por los que se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos internos como en su relación con los demás actores.
La RSE es una iniciativa de carácter voluntario. Las principales responsabilidades éticas de la empresa con los trabajadores y la comunidad son comercializar productos útiles y en condiciones justas y razonables; generar recursos, respetar condiciones de trabajo dignas, procurar la continuidad de la empresa y un crecimiento razonable, proteger el medio ambiente promoviendo un desarrollo sustentable; observar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, normas y costumbres, respetando los compromisos adquiridos, propender a una distribución equitativa de la riqueza generada, etc. Es por ello que resulta sumamente eficaz que, desde la Administración Pública, se promuevan y orden estas “buenas prácticas”. El “cómo”, posee tres aspectos: 1º) La educación para la selectividad: las campañas gubernamentales deben propender, en primer término, a la concientización del consumidor, para que al momento de elegir, no solamente considere la relación precio-calidad, sino también de qué manera está contribuyendo al progreso de la comunidad, al consumir productos o servicios de una empresa que realmente suma valor al conjunto. La comunidad debe interesarse activamente por el crecimiento y la sustentabilidad de corporaciones que propenden al bien común. Un forma eficiente y eficaz, es “comprar” en aquellos lugares que ayudan a “mejorar” en lugar de aquellos “más baratos” pero que “desgastan y empeoran”, para ser simples. 2º) La regulación normativa y el contralor efectivo: las normas y reglamentos de habilitaciones, de tributación, etc., deben contemplar beneficios para las empresas que tengan programas efectivos y comprobables de RSE. Debe existir un organismo de contralor a tales fines, así como un sistema de “certificación” de cumplimiento, que le indique a los ciudadanos que empresas cumplen con la normativa. 3º) Las empresas deben contemplar desde su estructura, el diseño y puesta en marcha de planes RSE, para lo cual la Administración Pública puede contribuir con centro de asesoramiento verdaderamente útiles y creativos, que contemplen las necesidades y costumbres locales. Así, por ejemplo, una Licitación Pública o cualquier proceso de contratación público debería contemplar un “offset” o plus que no hace al objeto directo de la misma, que incida en mejoras hacia la comunidad.
Las empresas han comenzado a adoptar la RSC no sólo como resultado de presiones de los consumidores, los proveedores, la comunidad, las organizaciones de activistas, los inversionistas, etc. (también llamados en conjunto stakeholders); la RSC es también una actividad estratégica adicional en la competencia comercial. La empresa desempeña un papel muy importante en la vida de las personas no sólo como generadora de empleo y de riqueza, sino como agente de desarrollo en las comunidades en la que están insertas. Las grandes empresas son conscientes de ello y aprovechan las expectativas que genera la RSC para obtener ventajas competitivas (ayudan ayudándose).
La filantropía corporativa ha dejado de ser una actividad autónoma confiada a una fundación y cada vez más forma parte de las estrategias que contribuyen a realizar el objeto social de la empresa. Las empresas como miembros de una comunidad deben comportarse como “buenos ciudadanos corporativos”, ajustados a la ética y respeto por las personas y el medio ambiente. En otras palabras, las empresas no sólo tienen una función económica, sino una función social y ambiental. Como expresión de la voluntad soberana, un Gobierno que no le exige a los “ciudadanos corporativos” el cumplimiento de sus aportes comunitarios no siempre mensurables en dinero, excluye un factor decisivo de desarrollo y bienestar.
