En la República Dominicana se ha mantenido por mucho tiempo una visión de corto alcance en materia de seguridad vial.
La carencia de objetivos estratégicos fundamentados en la continuidad de sus metas y visión clara han obligado a desarrollar jornadas operativas tendentes a disminuir las siniestralidades por diversas causas, incluyendo por circulación como acción complementaria en las principales vías del territorio nacional.
La Comisión Nacional de Emergencia, un organismo estatal multisectorial creado por ley en nuestro país, con la asistencia de voluntarios se encarga de desarrollar trabajos temporales por lo menos dos veces al año, en Semana Santa y durante las fiestas navideñas, épocas que se registran mayor número de muertes debido a la gran movilidad por las actividades comerciales.
Sin embargo, otras instituciones, anuncian intervenciones independientes, sus propios operativos circunstanciales de Seguridad Vial, lo cual evidencia cierta debilidad en la gestión de políticas públicas.
Lo cierto es que ya se plantea en República Dominicana la necesidad de aplicar objetivos estratégicos acompañados de un conjunto de acciones concretas bajo un marco conceptual definido previamente y caracterizado por un modelo de seguimiento y control de la visión, así como de un patrón de siniestralidad que nos permita realizar buena toma de decisiones.
Esto último solo es posible con la implantación de un Observatorio de Datos y una constante y correcta evaluación y análisis de los mismos.
Hasta no comprenderse que los factores de riesgos en su conjunto deben ser abordados y enfrentados íntegramente con sostenibilidad se manifestarán debilidades en el plan escogido. Usuario, vehículo y vía constituyen esos factores esenciales que deben observarse a lo largo de un período determinado, con la ejecución de acciones claves que actuarán bajo áreas estratégicas especificas se podrán obtener los resultados deseados en los indicadores establecidos.
Se definen como áreas estratégicas a las que tendríamos que poner atención especial, como la educación y formación vial, proceso de obtención de la licencia de conducir, concienciación de seguridad vial y de los vehículos, fiscalización, gestión de tráfico e infraestructuras, atención a las víctimas y sus familiares, práctica de buena gestión institucional y homologación de la metodología de investigación de los acontecimientos y los indicadores.
Diversos organismos internacionales actúan sobre estos aspectos. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud en lo que tiene que ver con las víctimas y los de su entorno; el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en lo que concierne a la red viaria promoviendo partidas económicas para fortalecer las señalizaciones y las auditorias de carretera; la Secretaría General Iberoamericana en la educación, formación y promoción de la seguridad vial, así como de la creación de los Observatorios de Datos. Las Naciones Unidas promueve al igual que otros organismos la implantación de planes integrales de seguridad vial, tanto regional como nacional, pero desde el punto de vista político. Todas estas agencias propugnan por metas alcanzables que no pongan en riesgo la confiabilidad de los planes y programas estratégicos.
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